Honorable Señor Presidente de la República, Lic. Danilo Medina
Honorable Señora Vicepresidenta de la República, Dra. Margarita Cedeño de Fernández
Distinguidos integrantes de la mesa principal,
Honorable Señor Presidente del Senado, Dr. Reinaldo Pared Pérez;
Honorable Señor Presidente de la Suprema Corte de Justicia, Dr. Mariano Germán Mejía
Honorable Señor Presidente del Tribunal Constitucional, Dr. Milton Ray Guevara;
Honorable Señor Presidente de la Cámara de Diputados, Lic. Abel Martínez Durán;
Honorable Señor Presidente de la Junta Central Electoral, Dr. Roberto Rosario Márquez;
Su Excelencia Reverendísima, Monseñor Józef Wesolowski, Nuncio Apostólico de Su Santidad Francisco y Decano del Cuerpo Diplomático acreditado en la República Dominicana; Señores
Ministros;
Honorables Miembros del Cuerpo Diplomático y Consular y de los Organismos Internacionales acreditados ante el Gobierno de la República Dominicana; Autoridades Civiles y Militares;
Invitados Especiales;
Señoras y Señores;
Es un gran honor para mí presentarles hoy el Plan de Seguridad Ciudadana que ha elaborado el gobierno para dar respuesta a una de las demandas más sentidas de la sociedad dominicana.
A manera de introducción debo decir que desde hace más de dos años, cuando comenzamos la elaboración del Programa de Gobierno del entonces candidato a la Presidencia y hoy Presidente de la República, Danilo Medina, la Seguridad Ciudadana ha sido siempre una prioridad en nuestra agenda.
Somos conscientes de que la seguridad es un problema transversal que afecta a todas las demás metas de desarrollo que este gobierno ha comenzado a implementar. Hablamos de proteger la tranquilidad y la vida de nuestros ciudadanos y ciudadanas, que son, como nos recuerda siempre el Presidente, el centro de todas nuestras políticas.
Concretamente, desde el 22 de agosto del año pasado, quien les habla ha tenido a bien dirigir la comisión conformada a los fines de crear una política nacional de seguridad ciudadana y una reforma integral de la policía.
Desde la Comisión no se han hecho propuestas cosméticas, hemos, efectivamente, repensado la institución policial en torno a 6 ejes de acción:
– Modificación al marco legal existente,
– Prevención, disuasión y atención de riesgo,
– Resolución pacífica de conflictos interpersonales, comunitarios y familiares;
– Fortalecimiento de la seguridad pública,
– Nueva política de persecución penal, y
– Atención, penalización y resocialización de los infractores.
El resultado será una policía renovada, más formada, más disciplinada y más cercana a la ciudadanía.
En cuanto al Plan Nacional de Seguridad Ciudadana quiero expresar que, conscientes de la urgencia con la que nuestros ciudadanos demandan una mejora en la seguridad, un equipo de alto nivel, conformado por el Ministerio de la Presidencia, el Ministerio de Interior, la Procuraduría General de la República y la Policía Nacional, ha trabajado sin descanso en la elaboración de la iniciativa que hoy presentamos.
Me gustaría señalar que durante todo el proceso trabajamos en estrecha colaboración con los distintos organismos de cooperación internacional, contamos con el apoyo de países hermanos, con valiosas recomendaciones de especialistas y con la participación de importantes organizaciones de la sociedad civil, para que las reformas se llevaran a cabo en el marco más abierto e incluyente posible.
Señoras y señores,
Desde que iniciamos el tránsito a la democracia, nuestro país puso en marcha diferentes iniciativas en el ámbito de la seguridad que, por una u otra razón, no lograron los resultados deseados. Por eso, les digo con total sinceridad, elaborar esta estrategia ha sido un gran desafío. Sabemos que son muchas las expectativas y no podemos fallarle al pueblo dominicano.
Queremos que ésta sea una propuesta que trascienda a este gobierno y que garantice la seguridad ciudadana y el imperio de la ley en todo nuestro territorio, no solo para nosotros, sino también para las generaciones venideras.
Quiero explicar también que, para la elaboración de esta estrategia, no hemos partido de cero. Existen suficientes experiencias en América Latina en este sentido, y en República Dominicana se han elaborado ya iniciativas muy valiosas que están incluidas en este plan. No estamos improvisando ni inventando el agua tibia, si me permiten la expresión. Lo que estamos haciendo es construir un plan integral a partir de las mejores prácticas del continente, de las experiencias propias y de las nuevas ideas surgidas de los actuales equipos de gestión.
A todo ese conocimiento le hemos dado cohesión, lo hemos ajustado a la realidad del país y, quizás lo más importante, hemos creado los mecanismos que garanticen su puesta en marcha. Es decir, que lo que hoy está sobre el papel sea, en efecto, realidad.
Esta propuesta que hoy presentamos es, por tanto, el resultado de un largo esfuerzo y del profundo compromiso que tenemos con la protección de las familias dominicanas.
Señoras y señores,
El plan que hemos desarrollado se sustenta sobre dos pilares fundamentales e inseparables: la persecución del delito y la prevención del delito. Ambos son de vital importancia y avanzarán en paralelo, porque esa es la única manera en que lograremos resultados duraderos.
Sobre estos dos pilares, persecución y prevención, vamos a levantar la presencia del Estado. Calle por calle, barrio por barrio, pueblo por pueblo. Comenzando por las zonas más vulnerables y alcanzando a todo el territorio nacional. Vamos a llevar la acción del Estado y el imperio de la ley hasta el último rincón. Vamos a hacer sentir en toda la República Dominicana que este gobierno está presente para proteger y apoyar a nuestro pueblo.
La persecución, evidentemente, nos ayudará a tener calles más seguras, a proteger la vida y los bienes de nuestra ciudadanía y a atacar las estructuras del crimen organizado que, según cifras de la policía, son responsables del 60% de los delitos que se producen en nuestro país.
El gobierno dominicano tiene el firme propósito de combatir y reducir a su mínima expresión el narcotráfico y todas las formas de crimen organizado. Es necesario cortar definitivamente sus tentáculos, que amenazan a nuestra sociedad y ponen en peligro nuestras instituciones públicas y privadas. Para lograrlo, entre otras medidas, dispondremos de un programa adicional de control en los aeropuertos, puertos y fronteras que reforzará sustancialmente la seguridad en estos puntos.
Las estrategias de prevención, por su parte, nos permitirán atacar las causas profundas de la violencia y la delincuencia, para garantizar una pacificación duradera de nuestra sociedad. Sabemos que la seguridad guarda estrecha relación con las condiciones de vida de la población y que es ahí donde debemos poner buena parte de nuestro esfuerzo, en cambiar esas condiciones. Por eso, gran parte de esta batalla la libraremos junto a las comunidades, luchando contra nuestros peores enemigos: la pobreza, la desigualdad, la falta de oportunidades, el desempleo…
Señoras y señores,
El Gobierno no es ajeno a la percepción de inseguridad que siente buena parte de la población. Entendemos que, si bien la violencia debe ser tratada como un reto político y social, es sufrida ante todo como un drama humano. Y es en la compasión por las víctimas donde debemos encontrar las propias fuerzas que nos harán mejorar como sociedad.
Es preciso señalar que aunque la tasa de homicidios en nuestro país, 23 por cada 100,000 habitantes, ha descendido en los últimos dos años, ésta constituye aún una cifra inaceptable.
En la República Dominicana más de la mitad de los homicidios se cometen en ocasión de riñas personales, así como de robos, atracos o despojos de pertenencias a las personas. Circunstancias que se ven agravadas por la frecuente posesión de armas de fuego, presentes en el 60% de los casos de homicidio.
La violencia y la delincuencia en República Dominicana están estadísticamente asociadas a los jóvenes varones, un 22% de los cuales no estudian ni trabajan en este momento. Son los llamados “ni-nis”, miles de jóvenes que no encuentran un futuro al que aferrarse y a quienes debemos dar respuestas que van más allá de la presencia policial en las calles.
Detrás de estas estadísticas hay una profunda desintegración familiar y social. Hay madres solteras que luchan por salir adelante y no tienen más remedio que dejar a sus hijos solos. Chiriperos que salen a la calle cada día en busca de un trabajo precario. Ancianos que se ven obligados a vivir prácticamente de la caridad…
Hay infinidad de carencias materiales y afectivas que necesitan respuesta y que se convierten, a menudo, en situaciones de conflicto. A medio plazo, cambiar su situación y brindarles oportunidades será el mejor antídoto contra la inseguridad.
Por eso, una de las estrategias centrales del gobierno es incidir en la prevención del delito combatiendo la exclusión social en el conjunto de la nación, a través del programa Vivir Tranquilo, que contribuirá a reducir las carencias de buena parte de nuestros ciudadanos y, con ellas, la conflictividad social.
5 Nuestro compromiso con evitar la exclusión juvenil tiene un especial desafío en aquellos dominicanos que han sido deportados de Estados Unidos tras cumplir allí penas de prisión. Su proceso de reinserción e integración en nuestra sociedad debe contar con recursos de seguimiento adecuado y bien coordinado. El gobierno está trabajando en un plan que incluya un registro único de todos los expatriados y una estrategia de integración social y laboral para dar respuesta a esta población.
Paralelamente, vamos a realizar acciones de sensibilización encaminadas a mejorar la cohesión social y la convivencia. Por una parte, junto al Ministerio de Educación estamos trabajando para mejorar el currículum docente, para que incluya programas orientados a la promoción de valores asociados a la cultura de paz, solidaridad y responsabilidad ciudadana. De la misma forma, fomentaremos estos valores a través de campañas en los medios de comunicación, que nos permitan iniciar el cambio cultural que necesitamos.
Señoras y señores,
Quisiera ahora referirme a un aspecto de la reforma de la policía que consideramos clave.
Los principios que regirán la nueva policía serán la justicia, la honestidad y la meritocracia.
Esto quiere decir que seremos estrictos en el cumplimiento de la ley, no les quepa duda, pero también daremos su adecuada compensación a los agentes que muestren su voluntad de servicio y dedicación.
Dicho de otra forma, perseguiremos a los malos policías, pero también premiaremos a los buenos, que son la mayoría y que merecen nuestro profundo respeto y apoyo incondicional.
Estableceremos medidas estrictas de control al interior de nuestras instituciones, que nos permitan detectar las conductas inapropiadas y tomar las medidas necesarias para limpiar nuestros cuerpos de seguridad.
Debemos hablar con franqueza. Existen agentes que ensombrecen el digno nombre de nuestra policía con sus actuaciones y es hora de ponerles freno. Estamos decididos a llevar adelante un proceso de renovación de las estructuras policiales y de restauración de los valores éticos, garantizando el estricto cumplimiento de la ley y el respeto a los derechos humanos. Solo así recuperaremos la confianza de la población y mejoraremos sustancialmente nuestros resultados en materia de seguridad.
Para lograr este objetivo, vamos a establecer diferentes acciones de control interno, la primera de ellas, con el apoyo del gobierno estadounidense, será la instalación de un centro de poligrafía. Este centro, junto al refuerzo de la investigación interna y las labores de inteligencia, nos permitirá identificar cualquier conducta irregular en nuestros agentes.
Señoras y señores,
6 Otra iniciativa fundamental dentro de la política de seguridad ciudadana que ya está en proceso de desarrollo es la implementación del Sistema Integral de Emergencia y Seguridad, que se dará a conocer como 9-1-1.
En la actualidad, cuando ocurre un evento o circunstancia que pone en riesgo la vida, la libertad, o la integridad física de las personas o de sus bienes, los ciudadanos y ciudadanas tienen que memorizar más de cuarenta (40) números de emergencias y seguridad de las diferentes agencias del Estado.
El auxilio que recibe la ciudadana es por tanto poco efectivo, debido a que las respuestas a estas emergencias no se gestionan de manera coordinada y adecuada, además de que se carecen de las herramientas, protocolos y tecnologías que permitan respuestas oportunas.
A través de una plataforma tecnológica de última generación, el 9-1- 1 consolidará los esfuerzos del gobierno dominicano en el ámbito de la seguridad pública y atención ciudadana, dando respuestas oportunas y eficaces para reducir los riesgos ante situaciones de emergencia.
Desde un número único, marcando el 9-1-1, sin costo para el usuario, el ciudadano y quienes visitan nuestro país dispondrán de un servicio digno, con profesionales capacitados y especializados que coordinarán a las diferentes instituciones.
Este sistema, que desde hace meses dispone para su implementación de un equipo de técnicos profesionales nacionales e internacionales, entrará en operación al final de este año en el Gran Santo Domingo y, de manera escalonada, en todo el territorio nacional durante los próximos veinticuatro meses.
Haremos una revolución en el funcionamiento interno de la Policía Nacional y los servicios de Emergencia en salud pública, Bomberos, Defensa Civil y Ministerio Público. La organización y ejercicio de sus funciones girarán en torno a las comunidades y a los ciudadanos, no al revés. Esto implica que introduciremos flexibilidad en las estructuras, los mandos y las distribuciones geográficas para tener presencia y dar respuesta allí donde haya una persona pidiendo auxilio.
En concreto, para la puesta en marcha del sistema, se han definido tres fases fundamentales, que garantizarán la efectividad de la respuesta:
1) La integración de todas las instituciones de respuesta, mediante una avanzada tecnología que permita garantizar la comunicación coordinada y centralizada de las entidades, sin pérdida de tiempo desde que se origine una llamada hasta que se despachen los servicios de auxilio y socorro.
2) La adopción e implementación de un sistema de geo referencia, el cual nos permitirá conocer la localización exacta de quien llama así como la ubicación de las unidades de respuestas más cercanas al lugar de origen de la petición de socorro.
3) La implementación de un Centro de Comando y Control, con un circuito cerrado de video vigilancia, que apoyará de manera preventiva y en tiempo real, la labor de vigilancia en las principales vías de circulación y en las zonas de riesgo del territorio nacional. Este centro contará en una primera etapa con mil videocámaras instaladas en el Distrito Nacional y la Provincia de Santo Domingo.
Esta iniciativa cuenta con el apoyo del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), de los gobiernos de Estados Unidos, y de la República China de Taiwán y estará estructurada de acuerdo a las mejores normas y estándares de gestión de emergencias a nivel mundial.
Estamos decididos a poner fin a la impotencia y el desamparo que han sufrido muchas personas ante la ausencia de respuesta del Estado. Vamos a asegurarnos de que cuando alguien se encuentre en dificultades, con solo marcar el 9-1-1, los servicios del Estado estén presentes y dispuestos para darle asistencia, 24 horas, los 7 días.
Amigos y amigas,
Entendemos que algunos ciudadanos y ciudadanas se sientan indefensos ante esta inseguridad que amenaza con hacerse cotidiana y perciban en ocasiones al Estado como ausente. Nuestro objetivo central, por tanto, es poner fin a esta ausencia y hacer cumplir el imperio de la ley en todo el territorio de la República, garantizando a cada ciudadano ese derecho humano básico que es la seguridad.
Sin embargo, junto al esfuerzo del Estado es necesario impulsar cambios profundos, sociales y culturales, que lleven a la reconstrucción del tejido social y a la creación de una cultura de solidaridad y convivencia pacífica. Esta es una responsabilidad que corresponde en parte al gobierno, es cierto, pero que debe ser asumida también por toda la población.
Durante mucho tiempo hemos percibido la inseguridad como una amenaza personal a la que, consecuentemente, hemos dado respuestas individuales. En ocasiones, esto ha llevado a situaciones de privilegio y desigualdad, porque conseguir un trato especial de un funcionario o un apoyo extra de seguridad no está al alcance de todos.
Estas situaciones de arbitrariedad institucional a la larga acaban perjudicándonos a todos, en la medida en que deslegitiman al Estado, que debe ser el garante final de la seguridad del conjunto de los ciudadanos.
Y, a su vez, la perspectiva de un Estado débil no hace más que reforzar en el ciudadano el reflejo egoísta de buscar la solución individual a problemas que son colectivos y deben tener respuestas públicas.
Para salir de esta espiral de impotencia se impone la necesidad de un cambio en nuestros pensamientos y actitudes. Es necesario que empecemos a ver la inseguridad no solo como una amenaza individual, sino también como un desafío social al que daremos una respuesta a la vez institucional, solidaria y colectiva.
Para lograr esto debemos dejar de buscar atajos que no existen. Debemos ser coherentes y aceptar que el imperio de la ley también es para cada uno de nosotros.
La realidad hoy es que queremos un país en paz, pero llevamos un arma encima, por si acaso; queremos policías íntegros, pero les ofrecemos algo por quitarnos una multa, queremos más patrullas en las calles, pero luego solicitamos agentes para fines particulares.
En definitiva, queremos que el Estado ofrezca protección a todos por igual, pero a nosotros un poco más que al resto. Ese doble rasero es insostenible y no tendremos verdadera justicia y seguridad mientras no asumamos nuestra parte de responsabilidad.
Debemos salir de esta mentalidad. Debemos pasar del imperio de la excepción al imperio de la ley que es para todos y todas. Del estado de privilegio al estado de derecho.
Los sectores más necesitados deben saber que el Estado los protege tanto a ellos como a cualquier otro ciudadano. Nuestro objetivo es que todos perciban el Estado y los servicios públicos como algo suyo, pero no podrán hacerlo mientras sepan que hay discrecionalidades, excepciones y tratos de favor.
Sabemos que la policía tiene el desafío de ganarse la confianza con su buen proceder y predicando con el ejemplo, y velaremos para que así sea.
El Gobierno va a poner todo su empeño, tanto en la ampliación de los recursos policiales como en su racionalización, para transformar las estructuras, para mejorar la institucionalidad, para depurar procesos e instituir normas que nos permitan avanzar en este camino.
Vamos a establecer la carrera profesional policial y la meritocracia como único camino hacia el ascenso, vamos a mejorar la transparencia y a combatir la corrupción, pero necesitamos el apoyo de toda la sociedad en este camino.
Estamos trabajando junto a los órganos rectores correspondientes para que en breve, la Policía Nacional asegure el cumplimiento de todas las disposiciones establecidas en las leyes de función pública, de presupuesto, tesorería y contrataciones públicas, entre otras.
Uno de nuestros principales retos es recuperar para las labores de patrullaje a miles de agentes que ahora realizan otras funciones. Y para lograrlo, en los próximos días se establecerán los criterios que regularán la asignación de escoltas y terminarán con estas prácticas hasta ahora incontroladas.
Es hora de poner coto al uso privado de nuestros agentes policiales. Esa demanda debe ser cubierta por la seguridad privada y costeada por sus usuarios. Se reciben solicitudes constantes de agentes policiales por parte de empresarios, líderes políticos, sociales y religiosos, organismos internacionales… En la actualidad alrededor de 6,000 agentes policiales están al servicio de particulares. No podemos sostener este modelo.
Por dar solo un ejemplo, mencionemos las misiones diplomáticas. Ningún país tiene tantos policías al servicio de las misiones diplomáticas como nosotros. Vamos a instaurar en estos casos el principio de reciprocidad, porque consideramos que es justo y esperamos la mayor comprensión de los países amigos. Es decir, vamos a dotar a cada embajada de tantos agentes como ellos nos faciliten en sus respectivos países. Esos son los criterios que deben prevalecer si queremos tener seguridad democrática y justicia social.
También vamos a encaminarnos a la reducción y regulación del número de armas en manos de particulares y no estableceremos excepciones arbitrarias. Combatiremos el exhibicionismo de armas y emprenderemos un camino sostenido para desarmar a los poseedores de armas ilegales.
Señoras y señores,
El Plan que hemos diseñado incluye también, entre otras iniciativas, un completo programa para mejorar la seguridad vial, así como un importante paquete de medidas para reforzar el Ministerio Público.
Sin embargo, no me extenderé más sobre ellas. Al término de mis palabras, daremos paso a los titulares responsables del plan, que explicarán en detalle los diferentes programas que se van a poner en marcha y para los que el gobierno está trabajando de forma coordinada y sin descanso.
Quiero resaltar, además, que para asegurar el cumplimiento de las acciones que hoy anunciamos, desde esta fecha comenzará a trabajar un equipo técnico, coordinado por el Ministerio de la Presidencia, e integrado por el Ministerio de Interior, la Procuraduría General de la República y la Policía Nacional, dedicado exclusivamente a dar seguimiento a cada uno de los programas y garantizar su avance.
Señoras y señores,
Sabemos que acabar con la inseguridad no se hará de un día para otro, harán falta cambios institucionales, personales y culturales profundos. Sabemos que los malos hábitos no se corrigen automáticamente. Pero el primer e indispensable paso es elevar las expectativas que tenemos sobre nosotros mismos como sociedad, así como las exigencias que depositamos sobre las instituciones que nos representan.
La voluntad del gobierno es firme. No defraudaremos el compromiso que hemos asumido con nuestro país. Nos comprometimos con una transformación profunda para alcanzar la seguridad y la paz, y vamos a llevar adelante nuestro propósito.
Pueden estar seguros, trabajaremos sin descanso para lograrlo.
Tenemos confianza en que contaremos con una ciudadanía activa y vigilante que nos acompañe en esta buena batalla por la seguridad ciudadana.
Juntos, gobierno y sociedad, tenemos la oportunidad de construir esa República Dominicana más justa que deseamos y merecemos. El gobierno ya está en marcha, vamos hacia un país más seguro y más feliz.
Muchas gracias!!!