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Santo Domingo. – El Pacto Nacional por la Reforma Energética es un acuerdo que tiene por objetivo lograr proveer a Republica Dominicana de un sistema confiable, eficiente, transparente y sostenible, que sea soporte a la realización de la visión de Nación y objetivos consignados en la Estrategia Nacional de Desarrollo.
Con su firma, los actores se comprometen a unir voluntades para hacer efectiva y prioritaria la demanda colectiva sobre el servicio energético, que por décadas ha sido deficiente, poco confiable y de alto costo.
Así lo ratificó Antonio Almonte, ministro de Energías y Minas, al dirigir un discurso durante la firma del Pacto Eléctrico, en una ceremonia celebrada en el Palacio Nacional, donde destacó que “el presente gobierno, encabezado por el presidente Luis Abinader, se compromete a impulsar el cumplimiento de este gran acuerdo nacional en todos los aspectos”.
El documento, que alcanzó consenso en 112 puntos de los 126 que contiene, compromete a sus rubricantes ejecutar acciones que eliminen los sobrecostos y distorsiones, promover la expansión del uso de las fuentes renovables, reducir al mínimo la contaminación ambiental e introducir innovaciones tecnológicas en generación, transmisión, distribución y comercialización en el sector energético.
Respecto a los 14 puntos donde no se ha llegado a un acuerdo, Almonte afirmó que se continuarán trabajando para lograr un consenso, y adelantó que en los próximos días se anunciará una licitación pública para la instalación de 800 megavatios de energía a gas natural y una terminal gasífera en la zona de Manzanillo, así como de la aprobación de unos 10 contratos para producción de energía renovable que garantizarán unos 800 MW de energía limpia.
Al hacer referencia a los puntos en proceso de consenso, el presidente Abinader dijo que “este pacto no es el ideal, pero si es el posible”, por lo que seguirán trabajando hasta lograr que el sistema energético del país deje de ser una carga para el Gobierno, subrayando que en la actualidad representa un déficit de 58 mil millones, “lo cual es insostenible para un gobierno que pretende ejecutar cambios”.
Se destacó que varias de las propuestas establecidas en el pacto son aplicadas desde que el Gobierno actual asumió el mando. Entre la declaración del Decreto 342-20 que crea la Comisión de Liquidación de la CDEEE, la eliminación de dos de los tres consejos de las distribuidoras, así como las auditorias financieras a las que son sometidas, la eliminación del consejo Unidad de Electrificación Rural y Suburbana (UERS) y el lanzamiento de una licitación internacional para que sea auditado el proceso de construcción de Punta Catalina.
Dentro de propuestas el pacto establece que serán tomados en cuenta los desafíos globales que plantea el cambio climático, es decir que, cada acción tiene que ser ejecutada en base a fuentes renovables y no renovables, lograr los objetivos de seguridad energética, y satisfacer la demanda de electricidad en condiciones de suficiencia, eficiencia y confiabilidad.
Firmaron el acuerdo el presidente Luis Abinader, la vicepresidenta Raquel Peña; el ministro Almonte, de Energía y Minas; Lisandro Macarrulla, ministro de la Presidencia; José Ignacio Paliza, ministro administrativo de la Presidencia; Celso Marranzini, director ejecutivo del Gabinete Eléctrico y Rafael Toribio, presidente del Consejo Económico y Social (CES).
Representantes de los partidos políticos, sindicales y sectores sociales también participaron de firma.
